En el marco de la discusión del proyecto de ley que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad (Boletín 16.799-05), iniciativa que forma parte de los compromisos del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal impulsado por el Gobierno, un nuevo informe sobre permisología analiza críticamente su contenido y propone una alternativa institucional orientada a mejorar la calidad regulatoria en Chile.
El informe reconoce que una agencia de estas características podría tener un impacto positivo en el funcionamiento del Estado. Sin embargo, advierte que el proyecto actualmente en tramitación —que se encuentra en segundo trámite legislativo— corre el riesgo de reestructurar la institucionalidad existente sin generar los efectos esperados. En particular, se observa una excesiva amplitud de objetivos asignados a la Agencia, que van desde la evaluación de planes, programas y políticas públicas, hasta la mejora de la calidad regulatoria y la productividad, lo que podría diluir su efectividad y generar superposiciones con organismos ya existentes.
Considerando que la evaluación de políticas públicas ya es desarrollada por el Poder Ejecutivo, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) y el Congreso, el informe plantea la necesidad de contar con una entidad dedicada específicamente a la calidad normativa. Este ámbito, vinculado a la coherencia del ordenamiento jurídico, la técnica legislativa y la contención del exceso regulatorio, presenta amplias oportunidades de mejora y ha sido históricamente rezagado en las políticas de modernización del Estado.
Chile ha avanzado en esta materia mediante iniciativas como los instructivos presidenciales sobre Buenas Prácticas Regulatorias y los Informes de Impacto Regulatorio, así como con el trabajo del Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, que realiza evaluaciones ex post con apoyo de la OCDE. No obstante, el informe identifica la falta de un análisis sistemático y concentrado en la calidad normativa desde una perspectiva jurídica.
Frente a este escenario, se propone un mecanismo institucional alternativo, inspirado en el rol que cumplen los informes financieros de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), que permita evaluar de forma obligatoria la calidad regulatoria de los proyectos de ley. Esta propuesta tendría mayores posibilidades de implementación, al no requerir la creación de un nuevo organismo, y se alinea con estándares internacionales promovidos por la OCDE y la Unión Europea, que conciben la mejora regulatoria como una política de Estado clave para el desarrollo económico y la eficiencia del sector público.
