Chile ha dejado de ser percibido como un país relativamente seguro para enfrentar una presencia activa y estable del crimen organizado transnacional. Así lo concluye el informe del IPP UNAB, que advierte que el problema no se limita al aumento de delitos, sino a una transformación en su naturaleza: mayor coordinación, continuidad en el tiempo y orientación al lucro sistemático.
Los datos oficiales respaldan este diagnóstico. Entre 2014 y 2024, los homicidios aumentaron un 86%, los secuestros un 74% y el porte ilegal de armas un 62%. La extorsión, en particular, pasó de 4 denuncias en 2014 a 303 en 2024, reflejando la adopción de prácticas propias de organizaciones criminales complejas.
Cárceles y expansión del delito organizado
El informe muestra que el fenómeno también se consolida al interior del sistema penitenciario. Entre 2015 y 2024, las incautaciones de drogas en cárceles crecieron un 1.205%, las extorsiones un 5.100% y las amenazas un 279%, según datos de Gendarmería de Chile. Además, se incautaron más de 117 mil teléfonos celulares en la última década, lo que evidencia que las cárceles funcionan como espacios de coordinación criminal.
Este conjunto de antecedentes confirma la existencia de un ecosistema sostenido por violencia, corrupción y mercados ilegales interconectados.
El caso del Clan Bang de Fujian
El estudio pone especial atención en el Clan Bang de Fujian, una organización criminal de origen chino cuya llegada a Chile se estima en torno a 2020. Su instalación coincidió con brechas en el control fronterizo y en la fiscalización económica, operando principalmente en comunas de la Región Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y La Araucanía.
El informe detalla su lógica territorial, sus mecanismos de lavado de activos y las dificultades que ha enfrentado el sistema penal chileno para acreditar judicialmente estructuras criminales transnacionales, pese a la existencia de condenas relevantes.
Un llamado a profundizar el análisis
El informe subraya que la persecución penal, aunque necesaria, resulta insuficiente si no se abordan las brechas estructurales que facilitan la instalación del crimen organizado, como la débil presencia estatal, la corrupción y la falta de cooperación internacional sostenida.
