El presente estudio analiza el impacto del Estado de Emergencia decretado en la Macrozona Sur de Chile el 17 de mayo de 2022, como respuesta a una persistente situación de violencia, sabotajes, usurpaciones, ataques incendiarios, homicidios y destrucción de infraestructura, entre otros graves actos delictuales. Esta medida fue aplicada en las provincias de Malleco, Cautín, Arauco y Biobío −pertenecientes a las regiones de La Araucanía y del Biobío− conforme al artículo 42 de la Constitución Política de la República y a la Ley N° 18.415 sobre Estados de Excepción Constitucional. Su objetivo fue contener hechos de violencia que superaban las capacidades ordinarias del Estado, bajo una intervención legal, temporal y focalizada que incorporó la colaboración de las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías.
Este informe fue desarrollado en el marco del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello, con el propósito de contribuir al debate público desde una perspectiva académica y basada en evidencia, mediante un examen integral del fenómeno.
