El Boletín Constitucional N°35 del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello analiza la regulación del derecho a la educación y la libertad de enseñanza en el proyecto de nueva Constitución chilena. El informe destaca que ambos derechos están protegidos y generan consenso, incorporando innovaciones como el reconocimiento del deber preferente de los padres y tutores en la educación de sus hijos, y el fortalecimiento del rol del Estado en la promoción, regulación y financiamiento de la educación en todos sus niveles, desde la educación parvularia hasta la superior.
El proyecto amplía la gratuidad y financiamiento público a instituciones estatales y privadas, bajo criterios de razonabilidad, calidad y no discriminación arbitraria, garantizando además la educación para personas con necesidades educativas especiales. Se refuerza la educación pública con el compromiso estatal de sostener una red pluralista de establecimientos de calidad.
En cuanto a la libertad de enseñanza, el texto constitucional reconoce el derecho de las personas a crear y mantener establecimientos educativos, con la libertad de elegir el tipo de educación y establecimiento, respetando la moral, el orden público y la seguridad. También se establece la autonomía de las instituciones de educación superior y se garantiza la continuidad del servicio educativo, con medidas para asegurar el respeto y la convivencia en la comunidad educativa.
Este análisis ofrece una visión clara y detallada de cómo la nueva Constitución busca equilibrar derechos, deberes y la participación del Estado para fortalecer el sistema educativo chileno.
Dado que la propuesta de nueva Constitución está lista, se analizará la regulación de algunas de sus materias con la finalidad de dar a conocer aspectos relevantes del texto que se plebiscitará en diciembre.
En esta oportunidad nos enfocaremos en el derecho a la educación y la libertad de enseñanza que, si bien durante este proceso no fueron un foco de atención ni de discrepancias, son tópicos esenciales de cualquier debate público. En primer lugar, corresponde reconocer que la propuesta resguarda dichas garantías. Esta protección no tuvo mayor discusión, pues se contempló tanto en la propuesta de los expertos como en el texto aprobado por el Consejo Constitucional, por lo que es posible observar que se trata de una materia que genera consensos.
