El aumento del crimen organizado en Chile durante la última década ha estado marcado por la expansión de estructuras criminales extranjeras, el incremento de delitos violentos y la consolidación de dinámicas de control territorial propias de la denominada gobernanza criminal. En este contexto, el Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello (OCRIT UNAB) publicó un nuevo informe que analiza en profundidad a Los Valencianos, una organización criminal transnacional con presencia activa en el país.
La investigación concluye que Los Valencianos constituyen una organización criminal estructurada, con jerarquización interna, permanencia en el tiempo y un portafolio delictivo altamente diversificado. Su origen se remonta a la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, Venezuela, durante la década de 2010, en un escenario de crisis política, económica y social que favoreció la proliferación de economías ilícitas y la posterior internacionalización del crimen organizado. La migración forzada y el uso de rutas irregulares facilitaron su expansión hacia otros países de la región, incluido Chile.
Uno de los hallazgos centrales del informe es la consolidación de Los Valencianos como archirrivales del Tren de Aragua, disputando el control territorial y los mercados ilícitos tanto en Venezuela como en territorio chileno. Esta rivalidad es operativa y estratégica, y suele resolverse mediante violencia extrema, incluyendo homicidios y enfrentamientos armados.
En Chile, el ingreso de la organización se habría producido a través de pasos fronterizos no habilitados en el norte del país, con una posterior expansión hacia la Región Metropolitana, especialmente en comunas como Santiago y Estación Central. Su estrategia se basa en el control territorial, la imposición de reglas informales, el cobro de extorsiones y el uso sistemático de la violencia para disciplinar a víctimas y rivales.
El informe advierte que la amenaza que representa esta organización no debe evaluarse solo por su visibilidad mediática, sino por su capacidad de adaptación, su uso de violencia extrema y su inserción en territorios vulnerables. Frente a ello, se subraya la urgencia de una respuesta estatal integral, que combine inteligencia estratégica, control fronterizo, cooperación internacional, recuperación de espacios urbanos y protección efectiva de las víctimas.
