En Chile, el debate sobre la permisología ha cobrado cada vez más fuerza. Aunque los permisos tienen como objetivo proteger bienes y valores relevantes para la sociedad, el exceso de trámites y requisitos ha terminado transformándose en un obstáculo para el desarrollo de proyectos y, en consecuencia, para el crecimiento económico.
Diversos diagnósticos coinciden en que el actual régimen de permisos sectoriales funciona como un “impuesto ineficiente a la inversión”. Esto genera incertidumbre, demora en la ejecución de proyectos y altos costos que afectan directamente a ciudadanos, empresas y al propio Estado.
El problema no es exclusivo de Chile. Organismos internacionales como la OCDE y la Unión Europea han advertido desde hace dos décadas los riesgos de la tramitología excesiva. Ya en 2003, la OCDE proponía pasar del “red tape” a la “smart tape”, es decir, avanzar hacia regulaciones más simples, eficientes y centradas en el usuario. Posteriormente, la Comisión Europea reforzó este enfoque con iniciativas como el programa REFIT, orientado a mejorar la calidad normativa y reducir cargas administrativas, especialmente para las PYMES.
La evidencia comparada muestra que la permisología no solo ralentiza la innovación, sino que también amenaza la legitimidad del sistema regulatorio y la confianza en las instituciones. Frente a ello, países desarrollados han impulsado reformas que incluyen evaluaciones de impacto normativo, participación ciudadana en los procesos legislativos y herramientas digitales para facilitar el acceso y cumplimiento de la regulación.
Chile enfrenta hoy el desafío de modernizar su marco normativo para que cumpla su función de resguardar intereses colectivos, pero sin frenar la inversión ni el dinamismo económico.
El nuevo informe del Instituto de Políticas Públicas UNAB profundiza en este fenómeno, analiza experiencias internacionales y propone caminos para enfrentar la permisología en nuestro país.
