Durante la última década, Chile ha pasado de ser uno de los países más estables de la región a convertirse en un territorio donde operan múltiples organizaciones criminales transnacionales. Esta transformación se refleja en el alza sostenida de delitos violentos: los homicidios crecieron un 86%, los secuestros un 74% y las extorsiones más de siete mil por ciento en diez años.
El nuevo informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello, titulado “Radiografía a las principales organizaciones criminales transnacionales en Chile: Tren de Aragua”, analiza el impacto y expansión de esta organización venezolana que ha modificado la configuración del crimen en el país.
Nacida en la cárcel de Tocorón, bajo el liderazgo de Héctor “Niño” Guerrero, el Tren de Aragua construyó una estructura jerárquica y disciplinada que le ha permitido operar en al menos siete países, con un portafolio delictivo que incluye homicidios, secuestros, trata de personas, narcotráfico, extorsión y lavado de activos. En Chile, su presencia se extiende por casi todo el territorio, salvo cuatro regiones, y ha influido en el aumento de la violencia y la complejidad del delito.
El informe también aborda el llamado “efecto fantasma”, fenómeno que amplifica la reputación del Tren de Aragua al atribuirle prácticamente cualquier delito violento, generando miedo social y distorsionando la percepción del mapa criminal. Este componente simbólico potencia su influencia y facilita la imitación por parte de bandas menores.
Entre los casos más emblemáticos destacan el secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, la condena a Los Gallegos en Arica con más de 500 años de prisión acumulados, y la desarticulación de células en Iquique y Puerto Montt. Estos hechos reflejan la magnitud del desafío que representa esta organización para la seguridad nacional.
El estudio concluye que el Tren de Aragua es hoy una amenaza directa para la estabilidad democrática y la seguridad chilena. Afrontar este fenómeno, sostiene el OCRIT, exige una estrategia estatal coordinada e internacional, basada en inteligencia, cooperación y prevención.
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