Basado en información oficial de Gendarmería de Chile, el análisis muestra que, aunque los homicidios al interior de las cárceles alcanzaron en 2025 su nivel más bajo de la serie, otras manifestaciones de violencia y coerción registraron aumentos significativos. Las agresiones llegaron a su máximo histórico y las amenazas experimentaron el crecimiento anual más pronunciado de toda la década, evidenciando transformaciones en las formas de control ejercidas dentro de los establecimientos penitenciarios.
El estudio identifica además una fuerte concentración territorial de diversos delitos en determinados recintos y regiones del país, junto con la persistencia de economías ilícitas y redes de corrupción que desafían la capacidad de control estatal. Entre los hallazgos se destaca el protagonismo de algunos complejos penitenciarios en delitos como extorsiones, agresiones e incautaciones de droga, así como la expansión de ciertos fenómenos hacia zonas alejadas de los grandes centros urbanos.
Asimismo, el informe analiza hitos recientes que han marcado el sistema penitenciario chileno, como la denominada Operación Apocalipsis y las reformas institucionales que incorporaron a Gendarmería al nuevo Ministerio de Seguridad Pública, evaluando sus implicancias para la gobernanza y el control de las cárceles.
A partir de estos antecedentes, el documento plantea una serie de desafíos para la política penitenciaria, entre ellos el fortalecimiento del control territorial al interior de los recintos, la prevención de la corrupción, el combate al ingreso de drogas y elementos prohibidos, la modernización de los sistemas de inteligencia penitenciaria y una mejor articulación entre las políticas de seguridad pública y gestión carcelaria.